El largo y mediático proceso de separación entre Shakira y Gerard Piqué ha entrado en una fase completamente nueva, donde el terreno artístico y los mensajes cifrados en canciones han cedido el paso a la frialdad de los códigos legales y las demandas patrimoniales en los juzgados de Barcelona. La estrella colombiana ha dado una instrucción clara y contundente a su equipo jurídico para activar la liquidación forzosa de la vivienda que comparte en copropiedad con el exfutbolista en la capital catalana. Este movimiento judicial, ejecutado sin aviso previo ni espacio para nuevas prórrogas, representa un golpe financiero y logístico de gran envergadura que coloca a Piqué y a su actual pareja, Clara Chía, ante la inminente posibilidad de tener que abandonar la residencia que han ocupado de forma habitual durante los últimos tiempos.

La legislación en el territorio español en materia de bienes indivisos establece un marco de actuación sumamente estricto que no deja espacio a interpretaciones ambiguas ni dilaciones voluntarias. Cuando uno de los copropietarios de un inmueble solicita formalmente la disolución de la comunidad de bienes, la otra parte se ve obligada de manera legal a elegir entre dos únicas opciones posibles: adquirir la totalidad de la propiedad desembolsando el valor correspondiente a la parte demandan